El pasado 8 de febrero la izquierda abertzale dio a conocer en Bilbao el nombre del partido político con el que espera acudir a las próximas elecciones que tendrán lugar durante el mes de mayo en el País Vasco. El nombre escogido es el de Sortu que significa “crear” en Euskera.
Para muchos esta fue una noticia muy esperada, ya que en el artículo 3 de sus estatutos de constitución, por vez primera, se manifestaba un rechazo explícito y por escrito a la banda terrorista ETA.
En su presentación en sociedad, el abogado Iñigo Iruin explicaba en su discurso como el nuevo partido de la izquierda abertzale cumplía todos los requisitos que la Ley de Partidos les exigía para poder presentar su candidatura ante el electorado.
Ante una noticia política de tal magnitud las reacciones no se hicieron esperar oscilando desde la congratulación y alegría de una parte de la sociedad civil hasta el escepticismo y desconfianza de otra.
El 19 de febrero se convoca una multitudinaria manifestación en la capital vizcaína para apoyar la legalización del nuevo partido político secundada por una amplia representación de miembros de los distintos partidos políticos en Euskadi: EA, EB, Aralar o Alternatiba entre otros.
El día 3 de marzo la Abogacía del Estado presentó ante el Tribunal Supremo su demanda contra la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos. Cuatro días más tarde la Fiscalía hace lo propio.
ANÁLISIS DEL HECHO
El mismo día en el que una multitudinaria manifestación recorría en silencio las calles de Bilbao reclamando la legalización de Sortu, el periódico generalista La Gaceta, perteneciente al Grupo Intereconomía, trataba de manipular a la opinión pública con el siguiente titular: Dos ediles de Batasuna-Sortu eluden condenar 900 asesinatos.
Los redactores de la noticia, A. Lardiel y M.Gil, están vinculando a Sortu con Batasuna y por defecto también con ETA, ya que el trinomio correcto según su línea editorial de este periódico sería Sortu-Batasuna-ETA. La gravedad de este titular radica en vulnerar el principio jurídico de presunción de inocencia, vincular directamente y sin previa investigación policial ni resolución judicial a los dirigentes de Sortu ( ya que por aquel entonces el Tribunal Supremo aún no había dictado sentencia ), personas que tienen sus derechos civiles intactos y que no han cometido delito previo alguno, menos aún delitos relacionados con el terrorismo, e insertar un juicio de valor en pleno titular.
Implícitamente este titular también expresa que partidos políticos del País Vasco como EA, EB ( IU del País Vasco) o Aralar, de conocida trayectoria democrática, apoyan el terrorismo, ya que ese mismo día tuvo lugar la ya mencionada manifestación en apoyo a la legalización de Sortu.
Para ellos, los ediles de ANV Mariné Pueyo y Mikel Gastesi, que son quienes se negaron a condenar dichos asesinatos, son ya de facto ediles de Sortu tan solo por haber acudido al acto de presentación del mismo cuando éste ni siquiera ha sido legalizado.
Hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones que se hacen desde los medios ya que el perjuicio que un periodista puede causar a una persona física o jurídica al acusarle de pederastia, de asesinato, violación o terrorista basándose en indicios y no en pruebas concluyentes es difícilmente reparable.
CONCLUSIÓN:
Alejar la manipulación del periodismo generado por un medio de comunicación con una línea editorial muy marcada es como quererle arrancar un caramelo de sabor extra dulce a un niño malcriado. Ambos conceptos parecen ir de la mano en una relación matriarcal a través de un camino de nácar llamado persuasión. Sin embargo, existen formas y formas de maquillar la verdad. Con unas se favorece la agudeza de quien lo intenta y con otras se insulta la inteligencia del lector, o lo que es peor, se vulnera un principio jurídico como lo es el de la presunción de inocencia.
A pesar de que el Tribunal Supremo dictó sentencia el pasado miércoles, aún les quedarían un recurso frente al Constitucional, con lo cual hasta entonces los medios deberían ser prudentes.
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